Raul Martinez Fazzalari, abogado especialista en derecho de las telecomunicaciones, reflexiona para “El Día” acerca de cuál es el límite y alcance del derecho a la privacidad en nuestras comunicaciones privadas.

En su interesante nota, cita a Siva Vaidhyanathan,  que en su último libro “La Googlización de todo”, divide a la privacidad en 5 estados posibles de aplicación y exigencias de protección como derecho por parte de los ciudadanos.

Las categorías de privacidad son:

De persona a persona, es decir aquella que entablamos en nuestro círculo íntimo y de relación personal. Son los datos que tratan sobre nuestros gustos, amistades, preferencias e historias personales. Determinamos en ella el grado de conocimiento que deseamos y pretendemos dar y ofrecer hacia nuestro círculo más personal.

La segunda es la de las personas en su vinculación con lo que se denomina el “poder”. En esta se encuentran involucrados aquellos que tiene una grado de autoridad superior en nuestro entorno personal, como pueden ser los padres de un menor, profesores o jefes. Es un grado de intimidad más amplio que el anterior y que puede afectar al círculo familiar o de relación inmediata. Un ejemplo sería cuando un adolescente pretende conservar un ámbito de privacidad ante la mirada de los padres o de un alumno hacia el maestro. O de determinadas cuestiones que se reservan en el ámbito laboral.

La tercera categoría está conformada por la privacidad que es pretendida por parte de los usuarios de servicios para con las empresas de comunicaciones o cualquiera que tenga acceso, por su prestación, a determinados datos privados. Por ejemplo, cuando exigimos que nuestro número de teléfono o mail permanezcan ajenos a la transferencia o comercialización de las bases de datos de marketing o publicidad. O, por ejemplo, cuando exigimos a las empresas de acceso a Internet que resguarden nuestros mails o datos de navegación. Es a esta categoría que responden las normas de orden público que garantizan el secreto de las comunicaciones y protegen de su uso indiscriminado a terceros ajenos a las mismas. Es una categoría en que la vulnerabilidad del sujeto parece más evidente y de allí la existencia de leyes que los protegen.

Una cuarta categoría es la que directamente vincula a la persona con el Estado. Es fundamentalmente la privacidad que exigimos a los órganos de gobierno en todos sus estamentos y poderes y qué uso hace (el Estado) de nuestros datos. Se protege a esta categoría con normas que obligan a la no divulgación de datos obtenidos por alguna obligación legal. Por ejemplo, los recogidos por censos, declaraciones juradas, cuestionarios administrativos, registros de migraciones, etc. Similar a la anterior, las leyes protegen y controlan el tráfico de esta información resguardando el derecho del ciudadano.

La privacidad en riesgo, en el mundo de lo virtual

La nueva categoría de privacidad es aquella conformada por la información que una persona ingresa a las redes sociales. Esta categoría es muy compleja de analizar, ya que no sólo abarca cuestiones legales sino que incluso posee significados sociológicos o psicológicos sobre los motivos de por qué se ingresan datos, imágenes y videos referidos a sus vidas.

Acá los márgenes de responsabilidad pueden desdibujarse porque muchas veces es el mismo afectado el que ha ingresado datos o imágenes y estos son utilizados sin su control o autorización. ¿Pero hasta dónde y a quién inculpar por estas acciones cuando el mismo sujeto no ha tomado los recaudos mínimos y necesarios para cuidar aquello que desea proteger? Por ello, y cuando no existe una acción maliciosa por parte de un tercero, estas acciones dejan muy poco espacio para el reclamo legal. Por ello, ante estas nuevas fronteras entre lo público y lo privado, entre lo mío y lo ajeno, son fundamentales nuestras propias acciones. Ellas, en definitiva, serán el mejor mecanismo para proteger aquello que no queremos que se pierda para siempre.

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